En junio de 2018 el Consejo de Ministros del Gobierno de España se comprometió con el desarrollo de la Agenda 2030 en España y, como resultado, se aprobó el « Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030 en España » en cuya elaboración participaron todos los Departamentos Ministeriales, así como las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y organizaciones representativas de la sociedad civil. En España, por tanto, la Agenda 2030 está ya en el centro de la visión de Estado y de la acción de Gobierno. Representa una forma de actuar en el mundo.
Como una de las «políticas palanca» para la implementación de la Agenda 2030, se presenta al Consejo de ministros (22 de febrero de 2019) la Agenda Urbana Española (AUE)[1], un documento estratégico, sin carácter normativo, y por tanto de adhesión voluntaria, que, de conformidad con los criterios establecidos en las agendas internacionales persigue el logro de la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano. Constituye, además, un método de trabajo y un proceso para todos los actores, públicos y privados, que intervienen en las ciudades y que buscan un desarrollo equitativo, justo y sostenible desde sus distintos campos de actuación.
Pretende ser un instrumento al servicio de todas las administraciones públicas en el ámbito de sus respectivas competencias y principalmente de los ayuntamientos, para propiciar mejoras en los ámbitos de la normativa y la planificación, la financiación, la gobernanza, el conocimiento, la transparencia y la participación.
Para alcanzar las metas de cada Objetivo de Desarrollo Sostenible todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, la ciudadanía, etc.
«El papel de los gobiernos locales y regionales y sus asociaciones, en el logro de los ODS es crucial, ya que es a nivel local donde se puede preservar el enfoque de igualdad para la implementación de los ODS a nivel nacional. El logro de los ODS depende, en gran medida, de la participación activa de los gobiernos locales, ya que todos los ODS incluyen metas relacionadas con competencias y responsabilidades de la esfera local y municipal, principalmente en la prestación de servicios básicos y en la promoción del desarrollo territorial endógeno, inclusivo y sostenible. De ahí la importancia de las redes de ciudades y gobiernos locales como catalizadores y sistemas de apoyo para el fortalecimiento de su rol en tres niveles: institucionalidad, incidencia política y alianzas». (Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030: Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible).