Servicios públicos

A falta de una definición de carácter normativo de los acuerdos de colaboración público – privada, más allá de la referencia del art. 11 de la ley 30/2007, podríamos convenir que una definición comúnmente aceptada podría referirse a las diferentes formas de cooperación entre las autoridades públicas y el mundo empresarial cuyo objetivo es garantizar la financiación, construcción, renovación, gestión o el mantenimiento de una infraestructura o la prestación de un servicio.

La fijación de límites al déficit y a la deuda pública, junto con una innegable voluntad privatizadora, se ha visto acompañada de la aparición de una serie de fórmulas de financiación de infraestructuras y de prestación de servicios mal llamadas “extrapresupuestarias” y cuya denominación se aproximaría, con mucho más rigor, a la de “financiación presupuestaria diferida”.

En los albores del siglo XXI estamos asistiendo a un nuevo y emergente factor de exclusión social: la llamada brecha digital. Paulatina y progresivamente se va dando forma a una nueva segmentación social entre aquellos que incorporan la utilización de las tecnologías de información y comunicación (TICs) en su vida diaria y los que se quedan al margen de la ofimática, la domótica, internet, etc. Se trata de una versión de un nuevo analfabetismo.

En general, los ayuntamientos no han sabido aprovechar la época de bonanza económica para impulsar el desarrollo de la e-administración y se enfrentan a un momento de graves carencias de financiación que hacen prever que éste no va a ser un gasto priorizado políticamente. Y ello independientemente del color político gobernante en cada Casa Consistorial.