Hace pocos días acudía a una sala de cine de mi ciudad con el objeto de visionar la que resultó ser una excelente proyección: «La cinta blanca»; una bella y dura historia de convivencia en un pequeño pueblo austríaco en los años inmediatamente anteriores a la primera gran guerra. Algunos críticos han visto en ella los antecedentes de un comportamiento humano cuya evolución desembocó en el nazismo. Salimos del cine comentando alguna de las escenas que habíamos contemplado y preguntándonos cómo era posible que la sociedad produjera comportamientos como aquellos. Los comentarios me llevaron a reflexionar sobre la importancia de recuperar el concepto de «ciudadanía».
Seguramente se trata de un concepto muy antiguo en la historia de la humanidad, pero no es menos cierto que todos los expertos, sociólogos y urbanistas, lo sitúan como uno de los retos de mayor importancia en la correcta articulación de nuestra sociedad.
La ciudadanía es un status, un reconocimiento social y jurídico por el que una persona tiene derechos y deberes por su pertenencia a una sociedad. Estos requieren instituciones públicas para garantizar su ejercicio y cumplimiento, al punto de poder afirmar que, sin instituciones democráticas fuertes y representativas, no hay ciudadanía.
Esta misma aseveración nos lleva a comprender la construcción ciudadana en términos de proceso: una conquista permanente de derechos formales y de exigencia de políticas públicas para hacerlos efectivos, máxime cuando los derechos que configuran la ciudadanía hoy son mucho más complejos que en el pasado y deben adecuarse a poblaciones mucho más diversificadas e individualizadas. Evidentemente, todo el catálogo de derechos que podamos formalizar implica los deberes correspondientes por parte de sus titulares, sin los cuales los derechos pierden eficacia para el conjunto de la ciudadanía.
Primera condición, por tanto, para la asunción efectiva de este reto colectivo: disponer de instituciones democráticas que ejecuten políticas públicas que desarrollen los derechos y deberes ciudadanos en un contexto de participación política múltiple, deliberativa, diferenciada, diversa y en la que estén presentes actores e instrumentos que reflejen la diversidad.
Razonemos en este punto, la segunda condición principal para la adquisición de la ciudadanía: la calidad de un espacio público que cumpla funciones urbanísticas, socioculturales y políticas. Desde esta óptica, aspectos como:
- La pérdida del sentido ciudadano: La obsesión individualista, la primacía y preeminencia de los valores de lo privado.
- La concepción de los espacios públicos como espacios de los que nadie es dueño, los espacios que nadie cuida, etc.
- Los graffitis y los grafiteros. Aficionados, profesionales y consentidos.
- La permisividad pública: vallas, rótulos y publicidad.
- La ausencia clamorosa de estética urbana pública: cableados, tendidos, vallas de obra, zanjas, etc.
reflejan elementos a superar para lograr desarrollar un concepto ciudadano acorde con los adelantos logrados en la sociedad del bienestar del s. XXI.
De ello deducimos que la calidad formal del espacio público no es una cuestión secundaria. El paisaje urbano es nuestra casa y si ésta no es bonita, funcional, cómoda y agradable, estimulará comportamientos poco cívicos. La atención a los materiales, al mobiliario urbano, a la limpieza, a la publicidad excesiva y al aspecto de las fachadas, etc. es una condición necesaria de un comportamiento cívico que atraiga a la verdadera ciudadanía.
Por tanto, invertir en calidad del espacio público, en su enriquecimiento y en su mantenimiento nunca será un lujo, sino un elemento sine qua non para conformar un ciudadano crítico, comprometido y respetuoso con los deberes de lo público.
Por tanto, más democracia participativa y mejor espacio urbano de convivencia y más y mejores políticas públicas de desarrollo de derechos y deberes ciudadanos conforman el trípode sobre el que asentar la consecución de un «viejo» gran reto: conformar la ciudad y la ciudadanía del siglo XXI.
