El ochenta y dos por ciento de las empresas del IBEX tienen presencia de manera directa en paraísos fiscales a través de algo más de doscientas setenta sociedades participadas. Las «empresas IBEX» son totalmente opacas y no aportan datos sobre sus actividades y operaciones en dichos territorios, pero lo que es cierto es que mientras las inversiones de las empresas del IBEX 35 en paraísos fiscales han experimentado un crecimiento vertiginoso (en nueve meses de 2010 ha sido el doble que en todo el 2009), en España la recaudación por Impuesto de Sociedades se ha desplomado un 55% entre 2007 y 2009, pese a que los beneficios empresariales de las grandes empresas en el mismo periodo solo han descendido un 14%. A ello hay que añadirle que, aunque el tipo nominal del impuesto de sociedades es del 30% para grandes empresas, debido a las exenciones y deducciones de las que disfrutan, en la práctica el tipo efectivo no supera el 10% de media sobre los beneficios.
Lucrarse a través de estrategias de ingeniería fiscal, que únicamente persiguen pagar los menos impuestos posibles, evidencia una ausencia de compromiso con el desarrollo de los países y sociedades donde se opera y limita gravemente la capacidad de los gobiernos para desarrollar políticas públicas que garanticen los derechos fundamentales de las personas.
Llama poderosamente la atención que sean los responsables de estas empresas los que se sientan en La Moncloa (en mangas de camisa, eso sí), dando lecciones al Presidente (de turno) del Gobierno de España.
Llama la atención que, en este contexto, se esté convirtiendo en una herramienta habitual las intervenciones con dinero público en rescate de empresas privadas.
Es sorprendente que, según los datos de la CNMV, 21 de las 35 «empresas IBEX» subieran el sueldo a sus consejeros un 15,5% y que la retribución media por consejero sea de 602.000 €/año, en un contexto de llamamiento a la contención de gastos salariales, de habilitación de nuevas formas de despido y de brechas (cada vez mayores) entre lo que ganan los ejecutivos de las empresas cotizadas y el sueldo medio de sus empleados.
Sorprende cómo se soportan duplicidades en las estructuras directivas, como se suben sueldos los directivos de Cajas en riesgo (hasta un 20%), mientras se castiga y fustiga a pensionistas y funcionarios (enseñantes, sanitarios, policía y bomberos).
Ante estos ejemplos de «compromiso común», de «arrimar el hombro» no nos extrañe el llamativo y peligroso desapego de la ciudadanía hacia las instituciones y sistemas, provocado por sentimientos de desengaño, escepticismo, frustración y decepción ante la evolución de los acontecimientos. Todo esto está teniendo lugar en un tercer año de crisis profunda, en donde las grandes turbulencias e incertidumbres económicas, sociales y ambientales han dado paso a unas consecuencias económicas, laborales y sociales lamentables. Todo ello imputable a un modelo económico desfasado e insostenible que ha mostrado su verdadera cara en la crisis de deuda soberana -por los ataques especuladores- que han condicionado la gobernabilidad democrática de Grecia, Irlanda y Portugal y condiciona fuertemente a España.
Quizá, como Hessel y Sampedro, sea preciso indignarse y decirlo alto y claro: ¡esto empieza a ser bastante insoportable!
