Tras el éxito o fracaso de la huelga general del pasado mes de septiembre, según el análisis e interpretación que se le quiera dar a su seguimiento y efectos, lo que es incontestable es que esperamos y demandamos de los líderes de nuestra sociedad un compromiso de actuación conjunta y corresponsable para superar la profunda crisis de empleo de nuestro país, así como para dar respuesta a los graves problemas sociales que la actual crisis financiera y económica internacional plantea.
Orientar el desarrollo de la economía por el camino de una recuperación productiva centrada en la inversión, el empleo y la protección social constituye un firme pilar de búsqueda dialogada de soluciones. El objetivo principal ha de ser siempre frenar un deterioro del empleo que está ocasionando enormes dificultades a muchos trabajadores y trabajadoras, y por ende a sus familias, y que agrava los índices de pobreza de nuestro país.
Las crisis del pasado nos han enseñado que entre la recuperación económica y la recuperación del empleo suele haber un desfase temporal considerable. La crisis del empleo persistirá durante muchos años, a menos que se adopten desde ya decisiones enérgicas y focalizadas para acelerar su efectiva y perceptible recuperación. Si, además, estas políticas se adoptan de forma integral y coordinada podrán reducirse las tensiones sociales, mitigarse el impacto negativo de la recesión en las personas, estimular la demanda agregada y generar un proceso de crecimiento socioeconómico más incluyente con las personas y grupos más desfavorecidos.
Nuestra respuesta debe orientarse hacia una economía sectorialmente más equilibrada, más respetuosa con el medio ambiente, más eficiente en lo que atañe a la creación de empleos y empresas sostenibles y más respetuosa con valores que nos deben caracterizar en la entrada del siglo XXI: el respeto a los derechos de los trabajadores, la promoción de la igualdad de género, la protección de las personas vulnerables y el desarrollo y mantenimiento de servicios públicos de calidad. En esa misma línea debemos reorientar la actual y desgraciada reforma laboral, así como la reforma del sistema de pensiones, que no habrá de salirse bajo ningún concepto de los parámetros del Pacto de Toledo. Hemos de impulsar políticas que tengan como objetivo generar actividad productiva real, crear de empleo de calidad, aumentar la masa salarial y su participación en el conjunto de las rentas, incrementar la productividad mediante inversión (pública y privada) en I+D+i, y luchar, de verdad, contra el fraude fiscal y la economía sumergida.
Básicamente se trata, en primer lugar, de acelerar la creación de puestos de trabajo y la recuperación del empleo, para lo que generar empleo productivo y trabajo de calidad debe colocarse en el centro de las respuestas a la crisis. Es imprescindible limitar el riesgo del desempleo de larga duración y la extensión del empleo informal y precario.
En segundo lugar, nuestro objetivo será el establecimiento de sistemas de protección social y protección de las personas, que pueden evitar el aumento de la pobreza, solventar dificultades sociales y contribuir a estabilizar la economía y a mantener y fomentar la empleabilidad.
En tercer lugar, debemos reafirmarnos en la potenciación de los mecanismos de diálogo social. Ensayar procedimientos de reforzamiento democrático, en el contexto del diseño y ejecución de políticas socioeconómicas, dota de sentido el papel de nuestras instituciones constitucionales (art. 7 de la Constitución Española).
Éste parece ser el sentido de los recientes cambios en el gobierno de España. En dicha línea…. ¡Bienvenido Sr. Ministro! ¡Mucha suerte Sr. Valeriano Gómez!
A Coruña, 28 de febrero de 2011
