La actitud de un presidente del Gobierno como Pedro Sánchez lo convierte en 

un “caudillismo de conspiración judeo masónica” al más puro estilo franquista. 

Eugenio Narbaiza

Vaya por delante que me parece perfectamente licito y legítimo discrepar de Pedro Sánchez o de las políticas que impulsa. Que el rechazo a Pedro Sánchez pueda plantearse como algo argumentado y hasta racional, no seré yo quien lo discuta o ponga en duda. Es un hecho y forma parte de las reglas del juego de la democracia. Pero sí rechazo con contundencia y hasta con cierta vehemencia, que la crítica se exprese como odio, e incluso más si ese odio, además, se esfuerza por parecer argumentado y razonado —claro, ¿cómo no se va a ver como odioso a un autócrata? (si es el sobrino pequeño de Hitler, he llegado a leer). Esto es una forma de vivir la política actual que no comparto en absoluto. Es más, creo que hay que combatirla, y hacerlo sin ambages. 

En los últimos años, y especialmente en los últimos días, hemos sido testigos de una creciente narrativa que describe a España como un «Estado fallido» o como un Estado en el que hay “fallos sistémicos”. Esta percepción, aunque alarmante, no es nueva. Ha habido momentos, que han resultado cruciales en la configuración de la política y las relaciones institucionales en España, que nos han colocado -al decir de algunos y algunas- ante el espejo del estado fallido. 

En 2011, se produce el “Movimiento 15-M”, también conocido como el “movimiento de los indignados», que surge como una protesta contra la austeridad y la corrupción. Este movimiento tuvo un impacto significativo en la política española, dando lugar a la creación de nuevos partidos políticos como Podemos (Unidas-Podemos o Sumar, vendrían después y quizá como expresión de un fracaso). 

En 2017, la sensación de posible derrumbe del Estado se acrecienta. La “crisis del referéndum de independencia de Cataluña”, ese referéndum no autorizado, y la posterior declaración unilateral de independencia por parte del parlamento catalán llevaron a una grave crisis política y constitucional en España, resultando en la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española para suspender la autonomía catalana.

Desde 2018, se ha hablado de la posibilidad de que nuestro país esté en un proceso de descomposición institucional, exacerbado por eventos como la riada de Valencia en 2017, que consolidaron esta idea en el imaginario colectivo. Durante la “crisis política de 2015-2019”, España experimentó una inestabilidad política crónica, con cuatro elecciones generales en cuatro años. La entrada al escenario del arco parlamentario de nuevos partidos como Ciudadanos y Podemos rompió el tradicional bipartidismo, complicando la formación de gobiernos estables.

La gestión de la DANA de Valencia de 2024, la “crisis institucional desatada por el Partido Popular en Europa a cuenta de la designación de la ministra Teresa Ribera como Comisaria y vicepresidenta de la Comisión Europea, y la declaración (21/11/2024) de Victor de Aldama ante el juez Ismael Moreno y su posterior puesta en libertad, ha desatado nuevamente el “España es un estado fallido y está dirigida (que no gobernada) por un autócrata”.

La situación actual es altamente preocupante. La administración de un partido político que se enorgullece de la corrección en la tramitación de expedientes y la transparencia en su actuación ha mostrado comportamientos que contradicen sus propios principios. En otras palabras, hay una discrepancia entre lo que el partido dice y lo que realmente hace, lo que puede socavar su credibilidad y confianza pública. Este doble rasero no solo socava la confianza en nuestras instituciones, sino que también alimenta la desilusión y el cinismo entre los ciudadanos. Las consecuencias las señalaba Francis Fukuyama en su libro «El fin del gran relato: el declive de la fe en las ideologías», donde analiza cómo la desconfianza en las instituciones puede llevar a la desintegración del tejido social y político.

El problema radica en la hipocresía de ciertos líderes y fuerzas políticas que, mientras critican la corrupción y la falta de transparencia, incurren en prácticas similares. Este comportamiento no solo es deshonesto, sino que también es peligroso, ya que erosiona la legitimidad del sistema democrático y fomenta un ambiente de desconfianza y resentimiento. En este apartado, me remito a Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, que en «Cómo se derrumba una democracia», exploran cómo la erosión de las normas democráticas y la desconfianza en las instituciones pueden debilitar significativamente un sistema democrático.

La política actual se ha vuelto extraordinariamente tóxica. El rechazo a ciertos líderes se expresa como odio, y este odio puede llevar a la violencia (véase Paiporta). La polarización extrema y la retórica incendiaria han creado un clima en el que el diálogo constructivo es casi imposible. En lugar de buscar soluciones a los problemas que enfrentamos, muchos políticos prefieren desacreditar a sus oponentes y sembrar la discordia.

Es fundamental que recuperemos la confianza en nuestras instituciones. Para ello, es necesario que los procesos de selección y valoración en el ámbito público se realicen con total transparencia y equidad. Todos los candidatos deben ser evaluados en función de sus méritos y capacidades, y no por otros factores ajenos a su competencia profesional. Solo así podremos garantizar que nuestras instituciones funcionen de manera eficiente y justa. Sigamos, en esto, a Jürgen Habermas, que, en su teoría de la esfera pública, subraya la importancia de las instituciones democráticas para el buen funcionamiento de la sociedad.

Además, es crucial que los líderes políticos actúen con integridad y coherencia. No nos podemos permitir que aquellos que critican la corrupción y la falta de transparencia o rendición de cuentas incurran en las mismas prácticas que denuncian. La coherencia entre el discurso y la acción es esencial para mantener la legitimidad del sistema democrático y la confianza de los ciudadanos.

En conclusión, la percepción de España como un «Estado fallido» es un reflejo de la desilusión y el cinismo que muchos ciudadanos sienten hacia nuestras instituciones. Para revertir esta situación, es necesario que los líderes políticos actúen con integridad y transparencia, y que los procesos de selección y valoración en el ámbito público se realicen de manera justa y equitativa. Solo así podremos recuperar la confianza en nuestras instituciones y garantizar un futuro próspero y justo para todos.

Seamos claros. En este momento, en España, se están empleando discursos y relatos, que no por conocidos y reconocibles, son menos peligrosos: el uso del “lenguaje de odio”, la “generación de miedos” y el señalamiento al «enemigo externo». Este “paquete” de instrumentos de acción política persigue varios objetivos estratégicos:

El lenguaje de odio se utiliza para polarizar a la sociedad y consolidar una base de apoyo leal y dócil. Al identificar y atacar a un grupo específico, los políticos pueden movilizar a sus seguidores en torno a una causa común, creando una sensación de pertenencia y unidad. Este tipo de discurso también puede desviar la atención de problemas internos y culpar a cualquier «otro» por los males de la sociedad (véase la gestión de la DANA en Valencia). 

La generación de miedos es una herramienta poderosa para controlar y manipular a la población. Los políticos pueden exagerar amenazas o crear alarmas sociales para justificar medidas autoritarias o restrictivas. El miedo puede paralizar la disidencia y hacer que la gente acepte políticas que de otro modo rechazarían. Además, el miedo puede ser utilizado para mantener el statu quo y evitar cambios que podrían desafiar el poder establecido (dentro de un partido, dentro de un gobierno, dentro de una estructura empresarial, etc.).

El señalamiento al «enemigo externo». Identificar un enemigo externo es una táctica clásica para unificar a la población contra una amenaza común. Esta estrategia puede desviar la atención de los problemas internos y justificar políticas agresivas o militaristas. También puede fortalecer la identidad nacional y la cohesión social al definir claramente quiénes son los «amigos» y quiénes los «enemigos» (léase, inmigrantes. Aunque para debajo de un invernadero situado en Almería a 40 grados solo estén dispuestos a ir ellos y ellas). 

Estas tácticas no solo buscan consolidar o desestabilizar el poder político (según los casos), sino también manipular las emociones y percepciones de la población para aproximarlas al ideario de quien manipula.  

Ya no cabe advertir a nadie con aquello de “que viene la ultraderecha”, con sus planteamientos homófobos o racistas, “que vienen los ultraliberales” con una sociedad regulada por el mercado o “que vienen los neofascistas” con su orden, su principio de autoridad y “sus” inmigrantes colocados en mini campos de concentración en Albania. 

No, no cabe advertir. Es que ya están. Están en Hungría, en Argentina, en Italia. En breve, nuevamente en USA. Y están en España. Porque quien no razona, sino que insulta, quien no delibera, sino que impone, quien no recuerda, sino que cancela y oculta, … es un neofascista (aunque no lo sepa). 

“la desconfianza en las instituciones y la disminución de la participación cívica afecta negativamente a la sociedad”, Robert D. Putnam en La gran disminución. @mundiario