El federalismo es una forma de organización política que se basa en la distribución del poder entre dos niveles de gobierno: el central y el territorial, evitando la concentración y el abuso de poder.
Publicado en Mundiario el 14 de noviembre de 2023
El debate sobre el modelo territorial de España se ha reavivado en los últimos años, especialmente a raíz del conflicto político en Cataluña. Algunas voces han señalado el avance hacia un sistema federal como una posible solución que permita conciliar la diversidad y la unidad de España, reconociendo la singularidad de las distintas nacionalidades y regiones que la componen, pero sin renunciar a la soberanía compartida y a la solidaridad entre ellas.
Dentro del marco político actual, caracterizado y mediatizado por los acuerdos alcanzados por PSOE, ERC, Junts x Cat, Bildu, PNV y Coalición Canaria en el proceso de investidura de Pedro Sánchez y por un clima de extraordinaria tensión y crispación en las calles de España, derivada de los escraches realizados en las sedes del PSOE y de los llamamientos anti-amnistía convocados por el Partido Popular, ¿Qué es el federalismo y cómo se podría aplicar en España?
El federalismo es una forma de organización política que se basa en la distribución del poder entre dos niveles de gobierno: el central y el territorial, evitando la concentración y el abuso de poder. El nivel central se encarga de las competencias que afectan al conjunto del Estado, como la defensa, la política exterior, la moneda o la garantía de los derechos fundamentales. El nivel territorial se compone de entidades autónomas que tienen capacidad legislativa y ejecutiva sobre las materias que les corresponden, como la educación, la sanidad, la cultura o el medio ambiente. Fija, por tanto, las competencias de cada nivel de gobierno de forma clara y estable, evitando la confusión y el conflicto. Ambos niveles de gobierno se relacionan de forma cooperativa y coordinada, respetando el principio de subsidiariedad, es decir, que cada asunto se gestione por el nivel más cercano a la ciudadanía.
El federalismo se diferencia del modelo actual de Estado de las Autonomías en varios aspectos. En primer lugar, el federalismo implica una mayor simetría entre las entidades territoriales, que tendrían un estatus similar y unas competencias homogéneas, salvo algunas excepciones pactadas. En segundo lugar, el federalismo supone una mayor claridad y estabilidad en la distribución de competencias, que quedaría fijada en una Constitución federal que solo se podría modificar con el consenso de ambas partes. En tercer lugar, el federalismo requiere una mayor representación y participación de las entidades territoriales en el nivel central, especialmente en el Senado, que se convertiría en una cámara de representación territorial con capacidad de veto sobre las leyes que les afecten. En cuarto lugar, el federalismo exige una mayor lealtad institucional y una mayor cooperación y coordinación entre los distintos niveles de gobierno, que deberían resolver sus conflictos mediante el diálogo y la negociación, y no mediante la judicialización o la confrontación.
El federalismo no es una idea nueva en España. Ya en el siglo XIX, algunos sectores del republicanismo propusieron la creación de una República Federal que integrara a las distintas nacionalidades y regiones de España. El primer y único intento de instaurar un Estado federal en España se produjo durante la Primera República Española (1873-1874), pero fracasó por la falta de consenso y la inestabilidad política. Desde entonces, el federalismo ha sido una corriente minoritaria, aunque ha tenido algunos defensores, como el político catalán Francesc Pi i Margall, autor de Las Nacionalidades, publicada en 1877. En la Segunda República Española y en la Transición se optó por un modelo intermedio entre el federalismo y el centralismo: el Estado integral, en el primer caso, y el Estado de las Autonomías, en el segundo.
El Estado de las Autonomías, creado en 1978, ha supuesto un avance histórico en el reconocimiento de la pluralidad y la descentralización de España, pero también ha generado algunos problemas y desafíos.
Por un lado, se ha producido una asimetría entre las comunidades autónomas, que tienen diferentes niveles de competencias y de financiación, lo que ha provocado desigualdades y agravios comparativos. Aquí podemos situar al llamado “déficit fiscal”, esto es la diferencia entre lo que las comunidades autónomas aportan al Estado y lo que reciben de él. Algunas comunidades, como Cataluña o la Comunidad Valenciana, se quejan de que este déficit es excesivo y les impide financiar adecuadamente sus servicios públicos. También nos encontramos con problemas como el “déficit presupuestario”, que es la diferencia entre los ingresos y los gastos de las comunidades autónomas. Algunas comunidades, como la Comunidad Valenciana o Murcia, tienen dificultades para cumplir con el objetivo de déficit que les marca el Estado, lo que les obliga a recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para financiarse. Según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el déficit de las comunidades autónomas será del 0,8% del PIB en 2023, dos décimas por encima de lo previsto por el Gobierno.
Por otro lado, se ha producido una falta de claridad y de seguridad jurídica en la delimitación de competencias, lo que ha originado numerosos conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas, que han recurrido al Tribunal Constitucional como árbitro.
Por último, se ha producido una falta de integración y de cohesión entre los distintos niveles de gobierno. Es lo que se denomina “déficit de lealtad”, que es la falta de cooperación y de confianza entre el Estado y las comunidades autónomas. Algunas comunidades, como Cataluña o el País Vasco, reclaman más autonomía y reconocimiento de su identidad nacional, mientras que otras, como Madrid o Andalucía, defienden la unidad y la solidaridad de España. Este déficit de lealtad se manifiesta en conflictos políticos, judiciales y sociales que dificultan el diálogo y el consenso, lo que ha derivado en una crisis de confianza y de legitimidad, especialmente en las comunidades con mayor sentimiento nacionalista, como Cataluña o el País Vasco.
Ante esta situación, algunos partidos políticos y algunos sectores de la sociedad civil han planteado la necesidad de reformar el modelo territorial de España y avanzar hacia un Estado federal que resuelva los problemas y los desafíos del Estado de las Autonomías.
Sin embargo, el federalismo no es una propuesta fácil de llevar a cabo ni de consensuar. En primer lugar, el federalismo requiere una reforma constitucional que implicaría un amplio acuerdo político y social, que no parece existir en la actualidad. En segundo lugar, el federalismo supone un cambio de mentalidad y de cultura política, que implica una mayor responsabilidad y colaboración entre los distintos actores políticos, que no siempre están dispuestos a ceder o a compartir. En tercer lugar, el federalismo no garantiza la satisfacción de las demandas de los sectores más radicales del nacionalismo, que aspiran a la independencia y al derecho de autodeterminación, que son incompatibles con el federalismo. En cuarto lugar, el federalismo no cuenta con el apoyo mayoritario de la opinión pública, que desconoce sus ventajas y sus inconvenientes, y que se muestra escéptica o indiferente ante la cuestión territorial.
Para instaurar un régimen federal en España, es preciso, como ya he señalado, alcanzar un amplio acuerdo político. Para ello es necesario que la derecha española, los nacionalismos periféricos y los partidos de izquierda, renuncien a algunas de sus posturas y actitudes que dificultan el diálogo y el consenso necesario para la construcción de una mayoría, que ha de ser muy cualificada, de las fuerzas políticas y, del mismo modo, la construcción de un amplio acuerdo con las distintas nacionalidades y regiones que componen el país. Algunas de estas renuncias serían las siguientes:
Por parte de la derecha española:
Renunciar al nacionalismo español excluyente y homogeneizador, que niega la pluralidad y la diversidad de España, y que pretende imponer una única identidad y lengua a toda la ciudadanía. La derecha española debería reconocer y respetar la existencia de otras identidades y otras lenguas que también forman parte de España, y que tienen derecho a expresarse y a desarrollarse libremente. La derecha española debería abandonar el discurso del miedo y del odio hacia los que se sienten diferentes, y apostar por el diálogo y la convivencia.
Renunciar al centralismo autoritario y uniformizador, que concentra el poder en el Estado y que limita la autonomía y la participación de las entidades territoriales. La derecha española debería aceptar y apoyar la distribución del poder entre dos niveles de gobierno, el central y el territorial, que se relacionen de forma cooperativa y coordinada, respetando el principio de subsidiariedad. La derecha española debería favorecer la reforma del Senado como una cámara de representación territorial, y la reforma del Tribunal Constitucional como un órgano de garantía federal.
Renunciar al inmovilismo constitucional y al bloqueo político, que impiden la adaptación y la actualización del modelo territorial de España a las demandas y a los cambios sociales. La derecha española debería asumir y promover la necesidad de una reforma constitucional que implique un amplio acuerdo político y social, que recoja las aspiraciones de las distintas sensibilidades y que refuerce la calidad democrática, la eficacia administrativa y la cohesión social de España. La derecha española debería dejar de utilizar la Constitución como un arma arrojadiza y como un obstáculo, y empezar a usarla como un instrumento de diálogo y de consenso.
Por parte de los partidos nacionalistas:
Renunciar al independentismo unilateral y al derecho de autodeterminación, que son incompatibles con el federalismo y que suponen una ruptura del orden constitucional y de la soberanía nacional. Los partidos nacionalistas deberían aceptar y respetar la existencia de una ciudadanía común y de un marco legal que garantice la convivencia y la solidaridad entre las distintas nacionalidades y regiones de España. Los partidos nacionalistas deberían abandonar el discurso del victimismo y de la confrontación, y apostar por el pacto y la integración.
Renunciar al maximalismo competencial y al privilegio fiscal, que son insostenibles con el federalismo y que suponen una desigualdad y una deslealtad con el resto de las entidades territoriales. Los partidos nacionalistas deberían asumir y apoyar la distribución del poder entre dos niveles de gobierno, el central y el territorial, que se complementen y se equilibren, respetando el principio de solidaridad. Los partidos nacionalistas deberían favorecer la reforma del sistema de financiación autonómica, que garantice la suficiencia y la equidad de los recursos públicos.
Renunciar al aislacionismo cultural y al monolingüismo, que son contrarios al federalismo y que suponen una negación y una exclusión de la diversidad y la pluralidad de España. Los partidos nacionalistas deberían reconocer y valorar la existencia de otras culturas y otras lenguas que también forman parte de España, y que tienen derecho a ser conocidas y respetadas. Los partidos nacionalistas deberían promover la educación y la comunicación intercultural, que fomenten el entendimiento y la tolerancia.
Por parte de los partidos de la izquierda española:
Renunciar a la ambigüedad y a la indefinición sobre el modelo territorial de España (básicamente la indefinición del llamado “derecho a decidir”), que generan confusión y desconfianza entre los ciudadanos y entre los aliados políticos. Los partidos de la izquierda española deberían asumir y defender el federalismo como una propuesta clara y coherente, que supere las limitaciones y los problemas del Estado de las Autonomías, y que se base en el reconocimiento y el respeto de la pluralidad y la diversidad de España. Los partidos de la izquierda española deberían elaborar y difundir un proyecto federal que explique sus ventajas y sus inconvenientes, y que movilice y convenza a la opinión pública.
Renunciar al sectarismo y al dogmatismo sobre la cuestión nacional, que impiden el entendimiento y la colaboración con otras sensibilidades y visiones. Los partidos de la izquierda española deberían aceptar y valorar la existencia de diferentes identidades y sentimientos nacionales dentro de España, y que no se corresponden necesariamente con las etiquetas políticas de izquierda o derecha. Los partidos de la izquierda española deberían promover el diálogo y el consenso con los partidos nacionalistas, siempre que respeten el marco legal y democrático, y con los partidos de ámbito estatal, siempre que renuncien al nacionalismo español excluyente y centralista.
Renunciar al inmovilismo y al conformismo sobre la situación actual, que contribuyen a la desafección y al desencanto de la ciudadanía con la política. Los partidos de la izquierda española deberían asumir y liderar la necesidad de una reforma constitucional que implique un amplio acuerdo político y social, que recoja las aspiraciones de las distintas nacionalidades y regiones de España, y que refuerce la calidad democrática, la eficacia administrativa y la cohesión social de España. Los partidos de la izquierda española deberían dejar de utilizar la cuestión territorial como un arma electoral y como un obstáculo, y empezar a usarla como una oportunidad de cambio y de progreso.
En definitiva, el federalismo es una opción política que plantea ventajas y desventajas, oportunidades y riesgos, para el futuro de España. El federalismo podría ser una forma de mejorar la calidad democrática, la eficacia administrativa y la cohesión social de España, pero también podría ser una fuente de conflictos, de tensiones y de fracturas. El federalismo no es una panacea que cure todos los males que sufre España, pero tampoco es un tabú que deba ser rechazado de antemano. El federalismo es una propuesta que merece ser debatida y analizada con rigor y con serenidad, con argumentos y con datos, con respeto y con tolerancia, con el fin de encontrar la mejor forma de convivir en una España plural y diversa.
