Una de las consecuencias más perceptibles de la actual crisis financiera es la apertura de un debate permanente acerca de todos y cada uno de los pilares del Estado del Bienestar. En el ámbito de la Unión Europea se está produciendo una fuerte controversia sobre los problemas de los Sistemas Nacionales de Salud (SNS) y sobre su sostenimiento. En este contexto se enmarca la actual pugna dialéctica alrededor de la bondad de la normativa, promulgada en Galicia, en materia de farmacia. Es necesario desgranar los argumentos o caeremos en medio del falso debate demagógico que, interesadamente, se está proponiendo.
Por genéricos entendemos productos que tienen el mismo principio activo y la misma forma farmacéutica que la patente original; medicamentos, por tanto, con la misma eficacia terapéutica, seguridad y calidad. En este sentido, nada que oponer a su promoción, fomento de su prescripción y empleo por parte de los usuarios del SNS. Muy al contrario, no podemos olvidar su baja utilización. Unos cuantos datos de porcentaje de gasto en genéricos, en 2009, aclara el panorama: Media de España (9,38%), Andalucía (14,81%), Galicia (4,17%), Noruega (58%), Alemania (37%), Canadá (34%), Reino Unido (26%), USA (22%). Complementariamente, nada justifica que el gasto farmacéutico en España sea muy elevado, tanto en gasto por habitante, como en porcentaje sobre el gasto sanitario total (promedio de la OCDE 17,2%, frente al 20,4% de España). Desde este punto de vista, cualquier esfuerzo encaminado a reducir este enorme gasto debe ser aceptado y acogido favorablemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa?, ¿cuál es la razón del estruendo político y mediático que está teniendo lugar?.
Podríamos sintetizarlo bajo tres aspectos: primero, una idea, que puede ser buena, se estropea por plantearla de forma incorrecta. El metafóricamente denominado «Catálogo priorizado de productos farmacéuticos» se deriva de la Ley 12/2010, de racionalización del gasto en la prestación farmacéutica de Galicia. En mi opinión, la mencionada ley vulnera claramente la legalidad ya que incumple y choca frontalmente con normas estatales como la Ley 14/86, General de Sanidad (ley Lluch), la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del SNS, la Ley 21/2001, del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, así como la propia Ley 25/1990, del Medicamento. La propuesta gallega debió de plantearse ante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En segundo lugar, opino que la Ley gallega plantea serias dudas sobre su constitucionalidad, ya que pone en cuestión principios tales como la igualdad de los españoles en los territorios del Estado, o las competencias exclusivas de éste sobre determinadas materias: coordinación general de la sanidad, legislación sobre productos farmacéuticos o la protección a la salud. En este sentido cabe señalar que una ley no puede ser utilizada de forma partidista para desarrollar competencias estatutarias inexistentes y para forzar un enfrentamiento competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas planteado en términos de incrementar la capacidad de autogobierno (por eso la ha votado el BNG). En tercer lugar y, finalmente, el debate no se puede orientar hacia la defensa de los intereses de la farmaindustria, tal y como ha hecho el Ministerio de Sanidad, por mucho que éstos se escondan detrás de argumentos vinculados a la investigación, al empleo, a la seguridad del uso farmacéutico, etc.
El Sergas es un medio para aproximar la gestión de la asistencia sanitaria al ciudadano y debe mantener garantías en cuanto a la equidad, la calidad y la participación. El SNS ha de mantener una identidad común y responder a los principios constitucionales de unidad, autonomía y solidaridad en los que se fundamenta el Estado autonómico.
Es posible que la Conselleira Pilar Farjas se haya equivocado en el procedimiento, pero también es claro que el Ministerio no puede irse del tema desairando al Gobierno gallego y únicamente presentando recursos. Ha de reunir al Consejo Interterritorial y plantear una alternativa legal y constitucional de ahorro en el gasto farmacéutico o nos llevará a pensar que los intereses de la farmaindustria tienen más representación en el Ministerio de Sanidad que la propia ciudadanía española.
Por cierto, ¿Dónde quedan los profesionales y la farmacia hospitalaria?
A Coruña, 22 de marzo de 2011
