Será preciso transitar hacia un nuevo modelo de gobernación en las ciudades: la acción de gobernar ha de consistir en la gestión de las interdependencias y en la articulación de redes de actores diversos con el compromiso ciudadano como eje principal y vertebrador de esa acción misma.
Las Agendas Urbanas se conformarán como la plasmación de los objetivos definidos en la “cascada de planificación estratégica” en el plano local y por tanto en una de las rótulas de conexión entre las estrategias internacionales de sostenibilidad, los compromisos asumidos por los países miembros de Naciones Unidas en esta materia y la realidad de nuestros espacios urbanos, rurales y naturales.
Las agendas buscan crear estrategias para impulsar un desarrollo urbano que incluya el entorno natural, potenciar la incorporación de los servicios ecosistémicos y la consolidación de una trama verde de calidad. También buscan proveer el desarrollo de infraestructura y movilidad inteligente, inclusiva, sostenible y resiliente, que fomente la adaptación al cambio climático, además de intensiva en el desarrollo y consolidación de plataformas tecnológicas que permitan el acceso e intercambio de información geoestadística ambiental y territorial.
Por último, las agendas adquieren especial relevancia, como se ha señalado, frente a los compromisos internacionales que han adquirido nuestros países: los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la NAU – Hábitat III, la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB) y sus Metas Aichi, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su Acuerdo de París (COP21), la actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), así como el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, la Década para la Restauración de los Ecosistemas (2021-2030), el Desafío de Bonn y la Iniciativa 20×20.
Con carácter general, se puede afirmar que las agendas han de regirse por una serie de “Principios”:
- Desarrollo sostenible: Satisfacer las necesidades humanas básicas de las generaciones presentes, sin comprometer las opciones futuras. Para ello, considera: i) la integralidad entre la dimensión social, ambiental y económica; ii) una visión sistémica y iii) la utilización racional de los bienes y servicios ecosistémicos, que son de interés común.
- Informalidad: Reducir las rigurosidades o formalidades que tiendan a entorpecer, suspender o paralizar la ejecución de las acciones o intervenciones. Por ello, se propician los criterios de celeridad y simplicidad.
- Participación responsable: Asegurar la participación efectiva de las partes interesadas dentro de un modelo de gobernanza inclusiva, equitativa y comprometida con la toma de decisiones informada, según el nivel que corresponda, con particular atención en las fortalezas y limitaciones que pueden potenciar o restringir la representatividad de grupos de actores específicos, atendiendo los derechos de poblaciones específicas: jóvenes, mujeres, afrodescendientes e indígenas.
- Transparencia y rendición de cuentas: Asegurar el adecuado seguimiento, monitoreo y evaluación de los resultados e impactos esperados, así como el acceso a la información.
Así como por unos “Enfoques” que las dotan de cierta coherencia:
- Enfoque Ecosistémico: Los servicios ecosistémicos se definen como “los beneficios que proporcionan los ecosistemas a los seres humanos”.
- Territorialidad: Articulación de las intervenciones en las distintas escalas del territorio, para asegurar su transversalidad y su correcta implementación desde lo nacional hacia lo local, y viceversa.
- Gestión basada en resultados: Se centra en los cambios que se desean impulsar y, por tanto, monitorea el avance de los procesos, el cumplimiento de objetivos y metas para asegurar los resultados, y los impactos esperados. Considera los riesgos que puedan representar los cambios en el contexto.
- Derechos Humanos: Con el propósito de “no dejar a nadie atrás” en el alcance de las metas asociadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, alienta a los titulares de derechos a intervenir en su propio desarrollo, al tiempo que refuerza las capacidades del Estado para cumplir con sus obligaciones de respetar, proteger y hacer cumplir cada uno de los Derechos Humanos asociados a esta Agenda.
Por último, cabe afirmar que en las agendas siempre estarán presentes una serie de “Ejes”:
- Descarbonización: movilidad e infraestructura sostenible. Consiste en la promoción de factores que convierten a las ciudades en resilientes ante el cambio climático como: infraestructura verde y azul, movilidad sostenible, gestión del riesgo.
- Territorios urbanos resilientes que promuevan la biodiversidad. Consiste en comprender la relación inequívoca que hay entre el entorno creado por el hombre y el entorno natural, de modo que se respeten, aprovechen y preserven los recursos naturales, a través de una planificación y gestión urbana sostenible, que potencie y amplíe los beneficios de los servicios ecosistémicos disponible en las áreas urbanas del país.
- Innovación tecnológica e investigación. Desarrollo y consolidación de plataformas tecnológicas que permitan el acceso e intercambio de información geoestadística ambiental y territorial, generando sinergias para investigaciones que mejoren la toma de decisiones en el territorio.
- Gobernanza y financiamiento. Impulso conjunto de normativa para facilitar, promover y fortalecer la consecución de los objetivos de la Agenda Urbana.
Se puede sostener la convicción de que es preciso tomar conciencia de lo global desde lo local, y ello sitúa a las ciudades en una posición dominante para ser actores principales de su propio futuro, o lo que es lo mismo, de su propio desarrollo sostenible y, con él, del que corresponda al conjunto de cada uno de los países y del propio planeta. Pero nadie podrá apoderarse y patrimonializar la titularidad de la ciudad. Las administraciones en todos sus niveles, la sociedad civil, el sector privado y la academia tienen mucho que decir y que aportar en este cambio de paradigma.
Como consecuencia lógica y obvia de todo eso, es inevitable que se imponga, por tanto, un cambio en los parámetros, en las formas, en el estilo de la política local. Ante una nueva dimensión geo-territorial, con altas implicaciones sociales, los esquemas de gobierno propios del siglo XX y de los albores del siglo XXI ya no son ni eficaces ni eficientes. Los gobiernos locales deben provocar un impulso de la sociedad civil sobre la base de un trabajo en red, participativo e interactivo.
Se trata de un cambio de paradigma: de la gestión de competencias locales al liderazgo del desarrollo social, económico, político, etc. y eso sobre ámbitos territoriales hasta ahora inimaginables y con una extraordinaria carga de cooperación y coordinación interinstitucional que supere los actuales encorsetamientos competenciales.
Las ciudades o las áreas urbanas adquieren cada día un mayor protagonismo tanto en la vida política cómo económica, social, cultural y mediática. El área urbana se conforma como actor de su propio destino en la medida que realiza una articulación entre administraciones públicas, agentes económicos públicos y privados, organizaciones sociales y cívicas, sectores intelectuales y profesionales y medios de comunicación social.
A este respecto hay una cuestión previa que conviene clarificar: creemos firmemente que es un grave error considerar que las políticas urbanas son exclusivamente las políticas municipales. Hay importantes actores público-privados cuyas decisiones afectan directamente a la urbe y a la ciudadanía.
Las urbes han de ser innovadoras y contemplar e incorporar componentes de excelencia. Ciudades innovadoras son aquellas que están enfocando con coherencia los retos de la globalización y los riesgos que esta genera; aquellas capaces de encontrar un equilibrio entre los aspectos de competitividad, cohesión y desarrollo social y sostenibilidad ambiental y cultural. Componentes de excelencia son elementos urbanos que presentan un nivel de atractivo y éxito notorio (zonas residenciales, cascos históricos, parques de actividades económicas, anillos verdes, parques urbanos, corredores verdes, plataformas logísticas, etc.).
Sobre la base de estos principios, la sostenibilidad urbana incluye dentro de sus objetivos específicos: la contribución para frenar el proceso del cambio climático, la sostenibilidad en los sistemas de transporte, la adopción de patrones de producción y consumo sostenible, la mejora en la gestión y la prevención de la sobreexplotación de los recursos naturales, la protección y mejora de la salud pública, la solidaridad intergeneracional, la seguridad y el incremento de la calidad de vida de la ciudadanía y en general el desarrollo sostenible global y el cumplimiento y traslado a las políticas nacionales y sub-nacionales de los mandatos internacionales.
Las áreas metropolitanas y las conurbaciones urbanas o las alianzas de ciudades están configurándose hoy en día como escenarios en los que se manifiestan las dinámicas sociales, culturales y políticas. La economía del conocimiento y la sociedad en red aumentan el poder de atracción de estas áreas metropolitanas para las personas y las actividades.
Bajo este contexto, se han identificado las principales orientaciones estratégicas para alcanzar el modelo planteado, las cuales incluyen:
- Crear las condiciones habilitantes para el desarrollo mediante el cierre de brechas de corto plazo
- Diversificar territorialmente las actividades económicas tradicionales para aumentar la resiliencia económica y la inclusión
- Activar las costas mediante una red de epicentros de actividades económicas, culturales y marinas interconectados sobre el principio de la economía azul
- Descentralizar la innovación para un futuro descarbonizado, mediante la generación de centros urbanos secundarios
- Generar un ecosistema conectado de corredores para catalizar la transición económica 3D
- Generar nuevos empleos sostenibles que potencien la transición hacia una economía 3D
Bajo estas orientaciones, es claro que se persigue el establecimiento de un modelo urbano sostenible que debe tener un enfoque que cohesione la calidad de vida de los habitantes con la integridad y gestión responsable del territorio. Bajo esta lógica, la biodiversidad y los recursos naturales son capas primigenias que deben protegerse a partir de la formulación de esquemas de desarrollo urbano. Es decir, para garantizar calidad de vida y sostenibilidad en los esquemas de desarrollo integral de las personas, primero se deben pensar en proteger los recursos que habilitan su subsistencia y su desarrollo.