Desde que la Ministra de Economía anunciara nuevas medidas en relación con las Cajas de Ahorro, mantengo la incómoda sensación de que el nonato Decreto que las regulará va directo a cometer el mayor desmán financiero de nuestra historia: sanear las Cajas (con fondos públicos) para entregarlas, a precios de saldo, a bancos y fondos de inversión privados. Inyectar más dinero a los bancos a cambio de nada, para que éstos tapen el agujero que ha producido su irresponsable y codiciosa gestión durante los últimos años.
El saneamiento que se propone para el sistema de Cajas tiene una importante incidencia sobre la evolución económica general y, lógicamente, sobre su propia naturaleza.
En primer lugar, la credibilidad de la propuesta queda en entredicho desde el mismo momento de su anuncio: increíblemente no se conoce con precisión cuál es la exposición al riesgo inmobiliario del sector y, consecuentemente, de qué necesidades concretas de capital estamos hablando (20 mil millones de euros que señaló la Ministra u 80 mil millones que barajan «los mercados»).
En segundo lugar, lanza a las Cajas a una alocada y frenética carrera para captar capital, lo que las deja a merced de los especuladores.
En tercer lugar, es razonable presumir una fuerte limitación sobre la concesión de créditos y préstamos. Abundar más en la restricción crediticia es tanto como asumir que se está dispuesto a seguir observando pasivamente cómo se sacrifica la recuperación de la economía y cómo se destruye empleo.
Por otra parte, una concentración desmedida y una disminución significativa de la competencia bancaria vendrán a perjudicar a su clientela y a sus empleados. Colateralmente, aparecerá el riesgo de exclusión para personas de baja cultura financiera o para aquellos asentados en hábitats dispersos o aislados, que tenían en la proximidad de las redes de oficinas de las Cajas un servicio público que los bancos no prestarán jamás.
En sexto lugar, y en relación con la naturaleza de las Cajas asistiremos a dos fenómenos simultáneos: la pérdida de las obras sociales (que atendían situaciones a las que no llegaban las políticas públicas de carácter social) y la pérdida de unos importantes instrumentos de dinamización cultural.
A esta situación se ha llegado a través de un camino, un largo camino de despropósitos en los que han colaborado, al menos, legisladores, reguladores, supervisores y las propias Cajas.
Se han promulgado normas, con amplio consenso político, que han puesto un firme empeño en liberalizar las Cajas para romper sus fronteras geográficas naturales. Los directivos han impulsado una expansión territorial irresponsable y han concentrado inversiones inadecuadas en inmuebles y suelo. Además, como los depósitos de los impositores no daban para financiar la expansión crediticia, se endeudaron al máximo en los mercados europeos de capital. De ahí que Angela Merkel nos vigile tan de cerca: conoce el alcance y el pronóstico de nuestra enfermedad.
Es momento de exigir responsabilidades a los directivos de nuestras Cajas y al supervisor del sistema, el Banco de España, que ha dejado que la manzana pudriera de manera que ahora se justifique cierta «cirugía reguladora». Hay que exigir que acabe la ocultación, la «ingeniería contable» y demandar del supervisor que garantice que sepamos cuál es la situación real. No hay más opción que intervenciones temporales, valoración de responsabilidades penales y retroceso del sistema de Cajas a su situación anterior. Que los mal llamados «mercados» impulsen y aplaudan sonoramente medidas todavía desconocidas debe ponernos realmente en alerta.
¿No será que tienen previsto que el botín sea para Botín?
