“Si la corrupción es una enfermedad, la transparencia es una parte medular de su tratamiento”.
Kofi Annan
Publicado en Mundiario el 3 de marzo de 2024.
Es preciso advertir a nuestros políticos, en esta primera línea, que corrupción es negación de la democracia. ¡Claro está!, dirán todos, sin excepción. Diré a continuación: todo aquel político que niega la transparencia, la integridad institucional, la rendición de cuentas y la fiscalización y el control del gasto público es un político corrupto. Así de rotundo. Y lo es porque no entiende que los dueños de su “silla de poder” somos la ciudadanía, a la que se nos debe un respeto. Ahora, al leer esta afirmación, algunos (políticos) se removerán en su “silla”.
La corrupción es el mal uso, o el abuso, que una persona hace de su posición de autoridad. Es un comportamiento indeseado que genera graves problemas en las sociedades y los Estados. Mes tras mes, los medios de comunicación nos muestran seriales de comportamientos ilícitos, desde delitos políticos y económicos, hasta la persecución arbitraria de la disidencia, el hurto o la malversación del dinero público. Si contemplamos la posibilidad de una generalización de esos comportamientos, vislumbraremos el inicio de un camino que nos llevará hasta la degradación del aparato estatal y hasta la desintegración de sus cimientos.
Dejemos claras tres ideas iniciales que son muy elementales, aunque no por ello, de poco valor: en primer lugar, la corrupción significa que una persona no hace bien las cosas adrede, sea cual fuere su ámbito. Puede ser una persona que se dedique a la política, que sea propietaria o dirija una empresa, podría ser un funcionario público o un simple ciudadano. Si su comportamiento no cumple con valores éticos, será una persona, cuando menos, no confiable. Desde esta perspectiva, es preciso tener claro que los actos de corrupción son infinitamente más que los que llegan a los medios de comunicación. Ocurre, quizá, que los más repugnantes son los cometidos por aquellas personas que los llevan a cabo, precisamente, en su calidad de representantes ciudadanos. Utilizar la plataforma de la representación ciudadana en beneficio propio y siempre provocando daños al erario público es, en términos de democracia, absolutamente detestable.
En segundo lugar, déjenme afirmar que para perpetrar determinados comportamientos corruptos “hay que poder hacerlo”. Es decir, hay que tener la posibilidad de incurrir en esos comportamientos y, normalmente, hace falta disponer de “cooperadores necesarios” de los que -casi- nunca se habla. Parece claro que delitos como la malversación, el cohecho, la prevaricación, el tráfico de influencias, las negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, etc. no están al alcance de la ciudadanía en general. Por otra parte, ¿quién está permanentemente detrás de la corrupción y quién paga comisiones millonarias? Estos -siempre empresas, y a veces de reconocido prestigio- son cooperadores imprescindibles. Pareciere que entre la relación establecida entre unos y otros no existiera nada ni nadie que, de alguna forma, controle que dichas relaciones se establezcan dentro de los márgenes de la ley y de la ética pública.
Este último aspecto nos lleva una tremenda paradoja que da forma a mi tercera idea: la suma de controles conduce, inevitablemente, al caos.
Son múltiples y diversos los instrumentos, métodos y procesos de fiscalización y control del gasto público en la administración pública. Da igual hablar de la administración general del estado, de las diputaciones, de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos. Sin entrar a desgranar detalles, podríamos hablar de los controles internos establecidos en los diferentes niveles de la administración pública para garantizar la legalidad, la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos públicos: que si el control financiero permanente, que si la auditoría operativa, que si los principios de control interno, la función interventora, las auditorías internas, el control de legalidad de los servicios de contratación, … Por sus resultados, os evaluaré: España no es un país neutralizado por la corrupción, pero … ¡algo huele a podrido!
En otro plano, podríamos hablar de los controles externos: desde los OCEX (órganos de control externo de las comunidades autónomas: el Consello de Contas de Galicia, por ejemplo), el Tribunal de Cuentas, empresas que realizan informes de verificación y control sobre justificaciones de gasto (por ejemplo, en materia de Fondos Europeos), etc.
En definitiva, multiplicidad de órganos, servicios e instituciones dedicadas a lo que, en términos generales, podríamos definir cómo “control de gastro público”.
A estas alturas va a parecer una obviedad afirmar que la corrupción en España es hija del sistema y que los “Koldos” y los “Bigotes” surgen allí donde los controles públicos fallan estrepitosamente, es decir, donde hay “cooperadores necesarios”. Siempre me ha asombrado, y me sigue asombrando, escuchar a alguno de estos ínclitos personajes (alguno, presunto corrupto y otros, corruptos convictos y confesos), señalar que tal o cual expediente ha sido analizado por una Intervención, por un Consejo de Cuentas, por el Tribunal de Cuentas o por no sé qué otro órgano fiscalizador y no se ha advertido salvedad alguna. Si las hubiera, que las hay (y a decenas de miles) ¿de qué sirven los informes de disconformidad de los fiscalizadores de gasto? ¿de qué sirven los informes con salvedades de las asesorías jurídicas? ¿de qué sirven los informes de alcances contables que se remiten al Tribunal de Cuentas? Clara y taxativamente: de nada. A mí no me queda duda alguna: el control es ineficaz e ineficiente y el establecimiento de una multiplicidad de controles (soft law) es el caos más absoluto y nutre el caldo de cultivo de la corrupción en los países del sur de Europa.
¿Por qué hemos llegado hasta aquí y cómo podemos revertir esta situación?
En mi opinión, en España ha acontecido un fenómeno paradójico: cuanto más se decía combatir la corrupción, más se generaba un escenario que favorecía esos comportamientos. Hay una multiplicidad de factores que favorecen que la corrupción se instale en un país. Una recomendación: al leer, id pensando si de alguno de esos factores estamos exentos en España:
a) la falta de conciencia social y educación en materia de valores éticos en la defensa de lo colectivo, de lo público, de lo que es de todos.
b) la politización de las instituciones públicas. El abuso de poder de unas estructuras partidarias “profesionalizadas” que se comportan de forma absolutamente sectaria.
c) el excesivo poder discrecional o el uso discrecional del poder. Todavía no sabemos distinguir entre lo discrecional y lo arbitrario.
d) las rebajas de penas por corrupción política. Lo que ha supuesto un desincentivo para la prevención y el envío de un mensaje equivocado a la sociedad, así como la consolidación de una sensación y una realidad de impunidad. Tándem mortal: político e impunidad.
e) la abundancia de recursos públicos (la “maldición política de la abundancia”).
f) el sistemático y progresivo debilitamiento de los instrumentos y los sistemas de verificación y control del gasto público.
g) no desarrollar mecanismos reales de transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización y control del gasto público.
Fijémonos en estos tres últimos aspectos. Se trata de carencias a las que debemos dar la vuelta y convertirlas en mecanismos o palancas para revertir la actual situación:
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
La transparencia dificulta la corrupción. Cuando los procesos y las transacciones son visibles, hay menos oportunidades para realizar prácticas corruptas. En una democracia, la corrupción socava la confianza pública y debilita la legitimidad del gobierno. ¿Por qué los políticos tienen temor, e incluso pánico a la transparencia?
La transparencia en las administraciones públicas se refiere a la apertura y accesibilidad de la información relevante para la ciudadanía, permitiendo comprender y evaluar las acciones y decisiones de sus representantes. Es fundamental para una sociedad informada y participativa. La transparencia permite la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones. Cuando la información es accesible, los ciudadanos pueden expresar sus opiniones, presentar propuestas y colaborar en la formulación de políticas públicas. Cuando los responsables públicos someten sus acciones al escrutinio de la gente, se fomenta la confianza y la rendición de cuentas.
La rendición de cuentas se refiere al proceso mediante el cual los organismos gubernamentales son responsables de informar y justificar sus acciones y decisiones ante la ciudadanía, los órganos de control y otros actores relevantes.
La rendición de cuentas es un componente esencial de la democracia representativa. La ciudadanía elige a sus representantes para que tomen decisiones en su nombre, y estos deben justificar sus acciones ante la sociedad. La democracia permite que los ciudadanos participen activamente en la toma de decisiones y controlen a sus gobernantes a través de elecciones y de otros mecanismos de supervisión. La rendición de cuentas garantiza que los gobernantes no actúen de manera arbitraria o en beneficio propio. La rendición de cuentas es un proceso continuo que permite evaluar la gestión y corregir desviaciones. ¿quizá por esto no quieren rendir cuentas?
La transparencia y la rendición de cuentas es esencial para una democracia saludable, ya que fortalece la participación ciudadana, previene la corrupción y fomenta la confianza en las instituciones gubernamentales. Es un pilar fundamental para una administración pública responsable y comprometida con el bienestar de sus ciudadanos.
LA FISCALIZACIÓN Y EL CONTROL DEL GASTO PÚBLICO
Son procesos esenciales para garantizar la transparencia, eficiencia y legalidad en la utilización de los recursos públicos. Los órganos de control deben desempeñar un papel crucial en la administración pública. Su labor ha de garantizar la transparencia y la legalidad en el uso de los recursos, fortalece la rendición de cuentas y contribuye a mantener la confianza de la población en el gobierno.
La fiscalización implica examinar y evaluar los actos administrativos que afectan al gasto público. Se refiere a supervisar y verificar que los recursos se utilicen de acuerdo con las normativas y los objetivos establecidos. Involucra procedimientos como la contratación administrativa, los gastos derivados de subvenciones, los gastos de personal y las operaciones patrimoniales.
La fiscalización y el control del gasto público conllevan varios beneficios significativos para la sociedad y la administración gubernamental: mayor responsabilidad fiscal y rendición de cuentas, mayor transparencia y eficiencia en el gasto público, mejor asignación de recursos y mejora de la prestación de servicios públicos
Algunas personas (o personajes) que se dedican a la política (básicamente, viven de la política) creen o dicen (porque no disciernen entre lo que creen y lo que les conviene creer) que esto de la transparencia, la integridad institucional, la rendición de cuentas y el refuerzo de los sistemas de fiscalización y el control del gasto público es algo voluntario o que se trata de un “valor añadido” de su formación política. Es decir, prácticas que se pueden obviar o realizar. Diría que no. Nadie discutiría que los accionistas de una empresa tienen derecho a acceder a la información relevante de la misma. Pues miren, la ciudadanía es la propietaria de las aportaciones dinerarias (presupuesto) de las administraciones públicas y los políticos no son dueños de la administración, son representantes de esos accionistas y deben actuar con transparencia y rendir cuentas ante ellos. ¿Los que no lo hacen? Simplemente, cuidado, no son demócratas. Os animo a que, a esos, les digáis “Si elegimos a los mismos políticos corruptos de siempre, ese es un mensaje muy claro de que no queremos un cambio” Sukant Ratnakar.
