¿ Están realmente en peligro las pensiones públicas? Clara y rotundamente, SÍ. No es menos cierto que detrás de esta pregunta hay toda una serie de intereses, más o menos ocultos, y unos argumentos que están siendo torticeramente empleados. Asistimos, en los últimos meses, a una suerte de monocorde argumentario que se viene repitiendo con la obscena finalidad de martirizar a la mayor parte de la ciudadanía de nuestro país a base de generar intranquilidad, temor, e incluso miedo.
Pongámoslo claro: ¿Qué argumentos se manejan y quién los formula para poner en cuestión nuestro sistema de pensiones e incluso nuestro sistema de seguridad social?. Parece muy claro que existe una convergencia de intereses desde el núcleo duro de los grandes empresarios, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y los bancos más importantes del sistema financiero europeo. No estamos ante un delirio conspiratorio. No es preciso más qué repasar las hemerotecas para verificar que desde hace meses todos ellos se lanzaron a convencer y persuadir a la ciudadanía de que las pensiones públicas deben desaparecer, o qué deben disminuir sus beneficios. Para eso se argumenta que son inviables o que traerán consigo costes insoportables que hundirán las economías. Para demostrarlo acuden a hipótesis relativas a la evolución de la demografía, el crecimiento del desempleo, el atraso en la edad de incorporación al mercado de trabajo y la evidencia de que la vida laboral se acorta también por efecto de la reducción de la edad de jubilación. Por otra parte, sigilosamente, se impulsan reformas parciales que van menguando la cobertura y la capacidad protectora del sistema público y, paralelamente, van fortaleciendo el sistema complementario de gestión privada (los mal llamados planes privados de pensiones).
Un gran teatro de fraude intelectual, de medias verdades o de mentiras palmarias, con el que se quiere ocultar que la privatización de los sistemas públicos de pensiones es una de las medidas más beneficiosas para el capital financiero, puesto que permitiría poner en sus manos un volumen ingente de recursos suficientes para garantizarles el dominio total sobre las economías y las fuentes de creación de empleo, renta y riqueza.
¿Qué hacer para mantener la viabilidad y la sostenibilidad del sistema?
Si se quisiera garantizar el equilibrio financiero del sistema, lo que habría que hacer es incidir sobre todos los factores que hacen que pueda aumentar el volumen de las cotizaciones sociales. Por ejemplo: impulsar políticas que tengan como objetivo generar actividad productiva y la creación de empleo de calidad, aumentar la masa salarial y su participación en el conjunto de las rentas, incrementar la productividad mediante inversión en I+D+i, facilitar la integración de las mujeres en el mercado de trabajo, mejorar la distribución de la renta, luchar de verdad contra el fraude fiscal y la economía sumergida (para integrar en el sistema una gran cantidad de recursos que se traduzcan en más ingresos del sistema de seguridad social). Así garantizaremos las pensiones, el desarrollo de nuevos sistemas de protección social como el derivado de la Ley de Dependencia y también la asistencia sanitaria y las prestaciones sociales básicas, como mecanismos de redistribución de la riqueza en nuestro país.
Por eso, debemos mantenernos alerta ante propuestas de modificaciones del Pacto de Toledo. Por ahí vendrán engaños y trampas. Debemos preservar elementos del Pacto que son muy positivos desde el punto de vista de fortalecimiento del sistema público:
- el acuerdo para que las pensiones no contributivas pasen a ser financiadas, vía impuestos, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado,
- los compromisos de mantenimiento del poder adquisitivo, la creación de un fondo de reserva y el compromiso de aumentarlo, y
- los compromisos de adopción de medidas orientadas a ampliar las prestaciones y el alcance del sistema en algunos ámbitos como la conciliación laboral, la inmigración, situaciones de dependencia y discapacidad, entre otros.
Porque lo más peligroso del todo esto es el mito de la profecía autocumplida: en la medida en que apliquemos a nuestras políticas económicas y sociales recetas liberales o neoconservadoras, sus designios se cumplirán y el sistema de pensiones entrará en peligro; peligro que crece cuando esas recetas son impulsadas desde posiciones teóricamente socialdemócratas: Comisario Europeo de la Competencia, Gobernador del Banco de España o desde diversas instancias del Ministerio de Trabajo. Seguramente estas personas estudiaron (y incluso militaron) en sus tiempos «jóvenes» a León Trotsky y conocen muy bien las interioridades del «entrismo». Más razonable parece que este tipo de políticas, que pretenden «reinventar» el Estado del Bienestar, vengan de posiciones liberales o neoconservadoras y de sus instrumentos (FAES). No nos engañemos, ¿ qué políticas son esas de subir la imposición indirecta, bajar la imposición directa de las rentas altas, no tocar la fiscalidad de las SICAP, no perseguir el fraude fiscal, aumentar la jornada laboral y la edad de jubilación y utilizar toda la vida laboral para el cálculo de la pensión? Pues eso, neoconservadoras. En mi opinión, salvar las pensiones públicas es imprescindible para garantizar el estado del bienestar y la sostenibilidad social. Potenciar el sistema público de seguridad social significa mayor bienestar para la ciudadanía en un ámbito más justo y solidario.
A Coruña, 28 de febrero de 2011
